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miércoles, 9 de abril de 2008

"AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE AL GOBIERNO QUE NO SE REPRIMAN LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS"

Amnistía Internacional dirigió hoy una carta de enérgica protesta al Ministro del Interior, pues considera repudiable que las manifestaciones pacificas sean constantemente reprimidas, dado que cada vez con más frecuencia se apela a la fuerza desproporcionada por parte de Carabineros de Chile para la represión de las mismas. “Al identificarse un patrón de hechos similares recurrentes, ello podría hacer pensar que dicha práctica está sostenida en la autorización política para reprimir la libertad de reunión y expresión, así como la petición a las autoridades. Haría bien el Gobierno en recordar que tanto su administración como la fuerza de Carabineros de Chile son sostenidas por el erario público para garantizar los derechos y no para reprimir su ejercicio” dijo Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de AI Chile. En particular, la organización se refirió a la represión y mal trato que fuerzas de Carabineros de Chile dispensaron a un grupo de activistas -entre ellas varias mujeres integrantes de Amnistía Internacional- en una manifestación realizada frente al Tribunal Constitucional, el día 3 de abril aproximadamente a las 12.20. Las activistas agredidas estaban allí para reclamar por garantías de respecto y la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en tanto respetan la capacidad de las personas para tomar decisiones en el ámbito sexual y reproductivo sin ser objeto de coerción o violencia, ejerciendo su autonomía, libertad y dignidad en estas áreas de la vida. Amnistía Internacional considera que es deber del Estado y la fuerza pública proteger la propiedad, bienes y la integridad de las personas, pero ello debe realizarse dentro del marco de las atribuciones de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional ha solicitado al Ministro del Interior que emita las instrucciones necesarias para que se evite el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante las manifestaciones pacíficas (autorizadas o no), y para que en los casos de reuniones violentas, se empleen medidas de disuasión que impliquen el menor grado de fuerza posible; que se informe a la población de las atribuciones de las policías en éste tipo de actividades, y que los responsables de abusos reciban la sanción correspondiente.

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